A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, miles de personas se movilizaron a lo largo y ancho del país exigiendo al Gobierno Nacional la recomposición salarial y presupuestaria.
Entre bombos, carteles y banderas el pueblo alzó la voz bajo la consigna “Milei, cumplí la Ley”. Durante la jornada de ayer, plazas y avenidas de distintas ciudades del país se colmaron en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria trascendió al ámbito universitario y reunió estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Los manifestantes exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación, la protesta se desarrolló en medio de un conflicto presupuestario que ya lleva más de dos años y atraviesa su momento más crítico.
Mauro Campilingo, docente de la carrera de Relaciones del Trabajo en UBA Sociales, en diálogo exclusivo con Vox Pópuli, cuenta que “fue la movilización más parecida a la primera (abril del 2024). Volvió a haber una participación más diversa, no solo estaban las universidades sino también otras organizaciones y personas que iban de manera independiente, expresando enojo con el gobierno.” Agrega que “la masividad del hecho se notó tanto en las calles como en el colapso del transporte público”.
Entre vetos y sanciones
En diciembre de 2023, luego de la asunción de Javier Milei, las Universidades Nacionales advirtieron que la prórroga del presupuesto universitario sin actualización frente a la inflación traería grandes problemas para sostener los gastos de funcionamiento. De este modo, a principios del 2024 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció una “emergencia presupuestaria” que llevaría a la primera Marcha Federal Universitaria del 23 de Abril. Este hito marcó un antes y un después en la lucha, y es considerada una de las protestas más masivas contra el gobierno.
Meses después, el 12 de septiembre el Congreso aprueba la Ley. Sin embargo, ese mismo día el presidente anticipa públicamente que vetariá la norma por considerarla un “peligro para el equilibrio fiscal”. Dicho y hecho, el veto se llevó a cabo y fue sostenido por el oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados. En este contexto se realiza la segunda marcha, repudiando este accionar.
Tras meses de clases públicas, paros y reclamos, en agosto del 2025 el Congreso aprobó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Aunque el poder Ejecutivo volvió a vetarlo, el Senado se opuso y ratificó la sanción de la norma. A la fecha, el gobierno aún no avanzó en la implementación. Incluso el poder Judicial intervino con fallos y medidas a favor del CIN, pero estas fueron ignoradas. El incumplimiento dio lugar a la cuarta Marcha Federal Universitaria, donde la comunidad reafirmó que no está dispuesta a negociar el derecho a la educación pública.
203 días de incumplimiento: las consecuencias de la motosierra
Mientras el reclamo continúa en las calles, puertas adentro se sufren los efectos de la crisis presupuestaria. Las transferencias a las Universidades Nacionales registraron una caída real del 45,6% en comparación a 2023. El Estado adeuda miles de millones de pesos a los hospitales universitarios de todo el país, y estos advierten que si en 45 días no se regulariza la situación deberán cesar las actividades. Los salarios de los docentes y no docentes se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años, apenas por encima de la canasta básica, y con cada vez más renuncias.
“El pluriempleo es un tema corriente entre los colegas. La mayoría, por no decir todos, tienen otros empleos, porque no alcanza con el sueldo. Esto implica que la labor docente se vea erosionada porque no hay tiempo para planificar ni corregir, los trabajos costosos tenés que hacerlos en el fin de semana, sin tiempo para descansar” nos comenta en exclusiva Mauro Campilongo. Añade que “más allá que a uno le encanta y apasiona su trabajo, se sufre por esto, no solo en lo monetario, sino también en lo emocional.”
En un país donde la universidad pública históricamente funciona como herramienta de ascenso social e igualdad de oportunidades, la movilización dejó en claro, una vez más, que la comunidad no está dispuesta a perderla. Que la educación debe seguir siendo un derecho y no un privilegio, y que la ley es de todos.
Excelente, muy buena nota.
Saludos
Que el pueblo se manifieste!! fuera milei!!!!!
El apoyo a la universidad pública es una de las pocas cosas en las que la gran mayoría estamos de acuerdo. Es otra “batalla cultural” que el gobierno va a perder.
Que linda nota. Espero que se nos escuche a los estudiantes 🙏
Muy buena nota , describe una conciencia colectiva con madurez política.
No paren de luchar por sus derechos. La educación pública debe seguir siendo de élite.