El fuerte aumento de repartidores y la baja en las tarifas muestran una realidad más dura de lo que reflejan algunos medios.
Un informe reciente publicada por Fundación Encuentro muestra que el valor promedio por pedido para repartidores de plataformas como Rappi y PedidosYa apenas ronda los $2.500, e incluso menos si se excluyen las propinas. Con estos montos, organizaciones que miden la situación laboral del sector calcularon que un trabajador necesita más de 450 entregas mensuales para cubrir la canasta básica. Eso implica realizar alrededor de 15 viajes por día sin descanso, una exigencia que contrasta con los discursos que presentan al delivery como un ingreso estable y suficiente.
En paralelo, la cantidad de repartidores se disparó más de un 250 % en un año, lo que intensificó la competencia interna y empujó aún más hacia abajo la ganancia por pedido. Con más riders disputando la misma cantidad de viajes, el supuesto “ingreso asegurado” del que hablan algunos medios pierde sustento: la saturación del sistema repercute directamente sobre las comisiones y hace que cada viaje rinda menos que antes, aun cuando la demanda general crece.
A esta presión económica se suman problemas estructurales que los propios riders denuncian: muchos viajes pagan apenas $1.200 o incluso menos, especialmente en horarios de baja demanda o recorridos cortos. Y una práctica especialmente polémica es la reducción de la tarifa base cuando el cliente deja propina; el reparto termina recibiendo menos de la empresa justamente en los pedidos donde el cliente quiso reconocer su trabajo. El resultado es un ingreso final más bajo y un sistema que castiga al trabajador incluso en los viajes donde debería ganar más.
La falta de regulación mantiene a los repartidores en una zona gris: sin ingresos mínimos garantizados ni control sobre las tarifas que fijan las apps. Hasta que el Estado avance con reglas claras, las plataformas seguirán operando con total discrecionalidad y los riders quedarán expuestos a condiciones cada vez más inestables.